Aula Segura: menos slogan y más acciones concretas.
Un profesor dentro de una sala de clases está, muchas más veces de lo que esperamos, solo ante la adversidad. Además de tratar de entregar conocimientos, ayudar al proceso de crecimiento de sus alumnos y su formación de habilidades, muchas veces tiene que preocuparse de su propia seguridad. Hoy en día, con la legislación existente, los profesores y profesoras de Chile están desprotegidos ante esa minoría de estudiantes que aplican la violencia como método de respuesta. Si una determinada conducta no está tipificada en los reglamentos internos de los colegios, un director no puede echar a los estudiantes involucrados. Incluso, si es que está en el reglamento, los profesores deben aceptar que los estudiantes que los atacan se mantengan en la sala hasta por un mes.
Los profesores son, probablemente, los profesionales más importantes y menos respetados en nuestro país. No sólo reciben sueldos poco consistentes con la relevancia de su labor, sino que además trabajan muchas más horas de las legales y en condiciones complejas de salud física y mental. Es por eso que el proyecto de Aula Segura del gobierno no es una política pública extrema, sino que un mínimo que debieran tener los directores para poder protegerlos.
Una de las principales motivaciones que tiene la Ministra Cubillos para empujar el proyecto de Aula Segura no tiene que ver con la eliminación de las “manzanas podridas” ni con el aislamiento de aquellos menores que tienen conductas violentas. Al contrario, lo que pretende proteger este proyecto es la comunidad escolar que se ve amenazada por estas conductas. En ese sentido, el proyecto no sólo otorga la posibilidad de expulsar a los alumnos que incurren en actos de violencia, sino que contempla acompañamiento futuro y relocalización. Lo que este proyecto asume es que la violencia no es una falla individual, sino que un problema comunitario, donde es importante reiniciar las relaciones y empezar de nuevo. Al sacar al alumno o alumna problemática de la comunidad, los directores y profesores tienen las herramientas necesarias para poder trabajar en reconstruir confianzas.
Por supuesto que el proyecto no es la solución definitiva. Los actos de violencia siguen siendo delitos y quienes los cometen deben cumplir con las penas establecidas en la ley. Asimismo, hay una serie de conductas – como los deleznables ataques a carabineros que vimos en el INBA – que no estarían definidos en este proyecto. Pero el que algo sea insuficiente no lo hace innecesario. Hoy tenemos que otorgar las herramientas a directores y profesores para poder llevar adelante los proyectos educativos en paz y seguridad. Claramente la legislación actual no es suficiente.
El Congreso tiene una oportunidad única de tomar en serio este debate en vez de obstruirlo con acusaciones de inconstitucionalidad o con poca discusión sobre el problema de fondo. Aula Segura no es un intento de esconder el problema de la violencia o de otorgar pura discrecionalidad a los directores. Expulsar a un alumno de un colegio es siempre una falla del sistema que al menos con este proyecto se puede recomponer y recuperar. El debate educacional necesita menos slogan y más acciones concretas como este proyecto de ley.
