Demanda de la Universidad Católica: golpe mortal a la gratuidad
La Pontificia Universidad Católica de Chile anunció su decisión de demandar al Estado por el incumplimiento de su obligación legal de entregar los aportes denominados AFI. Recordemos que el Aporte Fiscal Indirecto es una cantidad que se entrega a las universidades asociada al ingreso de los mejores puntajes en la PSU y que el gobierno ha decidido eliminar, porque no es coherente ni con su visión acerca del sistema de educación, ni con sus políticas de financiamiento, o sea con la gratuidad.
Algo anda muy mal si una de las dos mejores y más tradicionales universidades del país –si nos atenemos a los principales rankings internacionales es, de hecho, la primera- llega al punto que considera a los Tribunales de Justicia como el único ámbito posible para solucionar sus discrepancias con el Gobierno. Se dice que la política es el arte de lo posible, viejo principio que en educación se ha olvidado en estos últimos años, probablemente a causa de un diagnóstico que desconoce mucho de lo bueno que existe y por una convicción ideológica que se niega a matizar sus definiciones programáticas.
Desde el comienzo de la actual administración se planteó el objetivo encomiable de igualar las condiciones de acceso a la educación superior, como una manera de generar efectiva igualdad de oportunidades. El medio para ello sería la gratuidad universal en el nivel terciario y una profunda reforma al sistema escolar, que se basa en el fin al lucro, la selección y el copago.
Por los motivos que sea, al terminar el tercer año de Gobierno hemos tenido dos hechos verdaderamente simbólicos: el Instituto Nacional salió de los cien mejores colegios del país y la PUC demanda al Estado. El mero uso del sentido común nos indica que no hay más equidad y que la excelencia está amenazada. Se puede argumentar que en el I. Nacional aún no opera la prohibición de seleccionar y que la reforma al sistema universitario es de largo plazo, pero políticamente no es viable pretender impulsar una reforma a la educación pública si, al mismo tiempo, el mejor y más importante Liceo del país está cayendo en picada.
Tampoco es posible reformar la educación superior si se intentan los cambios en medio de una batalla campal contra la Universidad Católica, y no es por su adscripción religiosa, ni por su vinculación con la elite, es simplemente porque el país la reconoce todos los años como la mejor universidad chilena, basta con mirar sus puntajes de ingreso. El sentido común podrá ser el menos común de los sentidos, pero todavía existe en grado suficiente como para imponerse en casos tan evidentes como estos.
Desde el momento que esa demanda se presenta el gobierno está políticamente vencido y su reforma educacional está condenada al fracaso, porque la política es el arte de lo posible. Así de simple.
