Impeachment en Brasil
El domingo, después de 3 días de arduas discusiones —y meses de protestas—, la Presidenta de Brasil fue objeto de un impeachment político. 367 diputados, más de los dos tercios requeridos, decidieron que Dilma merece ser juzgada políticamente. Los cargos son varios, pero el principal es haber ocupado dinero de los bancos estatales para tapar los hoyos en el presupuesto y, con ello, asegurar su reelección.
Más allá de los cargos específicos, lo que terminó de arruinar a Dilma fue su incapacidad de recuperar el apoyo popular. En las últimas encuestas, su aprobación bajó del 8%, récord en un país acostumbrado a liderazgos fuertes. La combinación de una administración poco limpia y una economía alicaída, más la falta de habilidad política de Rousseff, terminaron por cavar su propia tumba, y hoy debe esperar la decisión del Senado para saber si se mantiene en el poder o no.
A ningún latinoamericano puede dejar indiferente una crisis de este tamaño. El gigante carioca ha sido factor de estabilidad en la región y, a pesar de los diversos ciclos políticos y económicos, nunca ha perdido su vocación de potencia líder y de contrapeso a Estados Unidos. Brasil ya ha experimentado procesos de impeachment en el pasado. Fernando Collor de Melo estuvo en la misma situación, aunque por enriquecimiento personal, y finalmente renunció antes que el Senado diera su veredicto.
Hoy le toca al Partido de los Trabajadores (PT) que llegó al poder de la mano de Lula, con una promesa de una izquierda renovada, democrática, abierta al comercio y con un tinte moderado. Lula administró una economía fuerte, consiguió llevar el Mundial de Fútbol y los JJ.OO. al país y convirtió a Brasil en un ejemplo de crecimiento, entrando al selecto grupo de los BRIC. Pero también cometió actos de corrupción, como los que ocurrieron en Petrobras y en otras empresas públicas. Hoy, acusado de lavado de dinero, Lula es un activo tóxico para el gobierno. Dilma, a diferencia del ex Presidente, ha tenido que administrar un buque que hace agua por todos lados.
La caída del Primer Mandatario no es nunca fácil de llevar. En países latinoamericanos, que sufrieron largas dictaduras en los 80, es difícil saber cómo el sistema político va a soportar el estrés. Entre los diputados que votaron contra Dilma hay algunos que están siendo investigados por más de una treintena de cargos de corrupción. Ello muestra que el mal uso de fondos públicos no es monopolio del partido gobernante, sino un modus operandi de parte de la clase política brasileña. Es importante observar cómo los mecanismos institucionales soportan la caída de Dilma. Una cosa son los procedimientos escritos en la ley y otra es cómo se ponen en práctica. Si los políticos que la están sacando del poder no asumen el desafío de dar gobernabilidad democrática a Brasil, las consecuencias pueden ser aún más traumáticas.
